Urge mejora ambiental al gabinete estatal

Fuente Ovejuna | Salvador Cosío Gaona

2007-07-07 • Acentos

No entiendo tu pregunta [...]”. “[...] No sé de que me hablan, dinero lo tenemos [...]”. “[...] Déjame verificar, porque a mí nadie me informó nada [...]”. Así de categórico fue Emilio González Márquez cuando se le pregunto la razón por la que se había solicitado al Congreso del Estado una prorroga para la entrada en vigor de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.

Evidentemente fue franco el gobernador. Quedó claro a todos los jaliscienses que desconoce de qué se trata la nueva dependencia y que ignora las razones por las que no se dará su creación como lo había decretado el Legislativo; son razones válidas por su sinceridad, pero injustificadas por la investidura y, sobre todo, por la urgencia de atender el tema del medio ambiente.

El tropezón informativo, además de lo anterior, se agrava cuando el documento que se hizo llegar al Congreso lleva estampadas las firmas del secretario general de Gobierno y la del propio gobernador, con fecha de apenas unos días previos a la entrevista, lo que hace suponer que no pone atención en lo que firma o que adicionalmente no es informado lo suficiente de la relevancia de los acuerdos signados.

Mención aparte merece el amplio deslinde que al efecto realizó, través de los medios de comunicación, el secretario general de Gobierno, transfiriendo de facto la responsabilidad del evento a la secretaria estatal del Medio Ambiente, Martha Ruth del Toro, a quien atribuye no haber previsto todos los requerimientos presupuestales y estructurales para darle soporte al proyecto en mención, lo que por supuesto no lo libera de la responsabilidad de mantener informado a detalle a su jefe para evitar exhibirle públicamente como lo hizo.

La desinformación del Ejecutivo, por un lado, demuestra que en su agenda tiene prioridades, y que el medio ambiente no es una de ellas, aunque los temas importantes para él tampoco se han hecho notar, a menos que se considere como tal su aparición a nivel nacional en el evento Espacio, de Televisa, al que se destinó, por sus instrucciones, 67 millones de pesos; por otro lado, es claro que hay desajustes en los procesos de información y decisión en su gabinete, que de no atenderse a tiempo pueden provocar, en los jaliscienses, daños graves a su imagen, finanzas y desarrollo; sin embargo, aún tiene tiempo para revisar su equipo de trabajo, elaborar un plan de acciones y definir las políticas y lineamientos, así como los objetivos primordiales de su gestión.

Ahora bien, si el argumento expuesto ante el Legislativo para solicitar la prorroga de la entrada en vigor de la Procuraduría del Medio Ambiente fue la insuficiencia de recursos financieros y, por su parte, el gobernador afirma tajante que sí existen, será necesario que aclare al Congreso y públicamente cuál es la versión verdadera, y si en todo caso no tuviéramos problemas de presupuesto, entonces retirar la solicitud e iniciar de inmediato con la operación de la Procuraduría, porque seguramente alguien en el gobierno del estado deberá saber que hay muchos pendientes en materia de medio ambiente que urge atender, como la declaratoria de área natural protegida de la cuenca del río Ameca o las zonas de reserva ecológica que no están siendo respetadas.

La Procuraduría Estatal del Medio Ambiente tendrá esencialmente las atribuciones de ejecutar las faltas Administrativas y perseguir las posibles violaciones al Código Penal del Estado en lo que respecta a delitos contra el medio ambiente. A todos nos consta que hace apenas unos meses la polución causó, una vez más, graves estragos en la salud de los habitantes de la zona de Miravalle, y en otros puntos de la zona metropolitana es un fenómeno que tiene muchos años de repetirse y que no se ha atendido por falta de interés y por limitantes legales que serían salvados con la nueva dependencia. También habrá de recordarse que el año pasado, en la ejecución de obras carreteras en la zona Valles y Costa Sur del estado, se provocaron gravísimos daños ecológicos e irreparables que también tienen repercusiones previstas en la normatividad estatal y que serían materia de la Procuraduría, así como las faltas de permisos de impacto ambiental que reconocieron constructores y autoridades apenas el año pasado en obras de infraestructura vial e hidráulica realizadas, la mayoría de ellas, en la ciudad capital.

Las estimaciones monetarias para la operación de la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental son del orden de los 70 millones de pesos anuales (cualquier similitud con lo gastado en un evento televisivo es sólo coincidencia). Ya ha transcurrido la mitad del año y el gobernador dice, aunque mejor será esperar que se lo confirmen sus secretarios, que existe dinero suficiente. ¿Entonces porque no iniciar la operación de la Procuraduría de inmediato?

Jurídicamente la ignorancia no exime de responsabilidades legales; políticamente tampoco le resulta útil la desconcentración y la desinformación al gobernador, sobre todo, entre los miembros de su partido, que si se analiza un poco el tema, pudieran estar detrás los intereses de los ya recurrentes grupos panistas, de cara a sus procesos de renovación de comités.

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