Fuente Ovejuna | Salvador Cosío Gaona
2010-06-05 • Acentos
Algunos gobernantes han confundido el dinero del erario como extensión de su patrimonio, de tal forma que incluso los bienes municipales o estatales no han sido exentos de apropiación personal o de litigio que busca como fin principal redituar alguna ganancia o privilegio por parte de funcionarios públicos.
Con argucias legales en unos casos o con franco descaro en otros, la constante ha sido la dilapidación de los recursos en un personalísimo afán de incrementar sus haberes sin importar cómo ni a costa de qué.
Durante la semana se dio a conocer en medio de un fastuoso e inusual acto de convocatoria a medios de comunicación, - en un espacio diferente al habitual y en obviedad de circunstancias a título oneroso para el ayuntamiento tapatío -, los resultados de una serie de auditorias y revisiones al proceso de adquisición de fincas y terrenos en el Parque Morelos, donde alguna vez se pretendió edificar la Villa de los Juegos Panamericanos de 2011.
Es evidente que hay un interés fundado, no sabemos en qué términos, pero encaminado a señalar todas las irregularidades que se hayan cometido, ya sea por el anterior ayuntamiento, por el ex presidente municipal o por el fideicomiso que debía manejar los asuntos de las compras de inmuebles. Pero lo declarado por la actual administración no va más allá de lo que ya sabíamos sobre las compras a sobre precio, no obstante señalaron cifras de escándalo en algunos casos, con lo cual se podrían configurar serías irregularidades.
Si el interés que motiva a los funcionarios para salir a denunciar dispendios en la adquisición de esos bienes es político, medianamente ha resultado, porque por lo menos el tema estará en la agenda algunos días o hasta que otro de mayor impacto lo sustituya, y no pasará de ser una vez más sólo un alarde mediático que terminará en las hemerotecas y no en los juzgados.
Si el interés fuera real, tendrían que existir denuncias y señalamientos formales ante instancias de procuración e impartición de justicia, de lo contrario, quien hoy acusa sería simple y sencillamente cómplice de los presuntos delitos que declara.
Debe la autoridad demostrar que las irregularidades argüidas son ciertas y constituyentes de acciones delictivas que deben perseguirse y castigarse hasta sus últimas consecuencias.
El tema de la construcción de la Villa Panamericana ha sido un gran pretexto para que por un lado existan quienes presuntamente se hayan favorecido irregularmente de alguna u otra manera, y quienes señalen y apunten esa irregularidad, sin ponderar que al hacerlo ya no tendrán más opción que agotar las instancias necesarias para comprobar sus acusaciones y que la autoridad competente determine lo conducente, o simplemente “arreglarse” con sus acusados, con quienes no sería extraño verlos un día departiendo nieve raspada en alguna banca del Parque Morelos.
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