Fuente Ovejuna | Salvador Cosío Gaona
2008-02-02 • Acentos
Mucho se ha hablado ya de las políticas educativas del estado mexicano y especialmente de la forma de gobernar la universidad pública en México.
Las más grandes universidades públicas del país recientemente han venido siendo sujetas a la intención de una justificada y ardua auscultación y a un inconveniente manoseo por parte de personajes y partidos políticos que ha derivado en un largo debate acerca de su autonomía, manejo financiero y forma de gobierno.
El manejo del polémico tema es un asunto que ya trascendió la competencia de las entidades federativas y por su impacto se ha colocado con facilidad en el orden nacional, pues la discusión sobre el concepto y alcances de la autonomía universitaria se cierne en razón de la existencia misma de su esquema jurídico como institución del estado, de interés público por su grave responsabilidad de cumplir la obligación de otorgar el servicio público de la educación en el nivel medio superior y superior, así como el apoyo y tutela de actividades de investigación superior en los diferentes campos del conocimiento humano.
La universidad, como se indica en su nombre, proviene del latín universitas, es y debe ser siempre de carácter universal, de orden laico y plural en cuanto a su filosofía y formas de organización académica y administrativa, y, se insiste siempre, debe permanecer apartada de partidarismos políticos, sin menoscabo del respeto irrestricto a las libertades de creencia religiosa y de filiación política de sus integrantes dentro de sus comunidades académicas, administrativas o docentes.
El tema a discusión desde hace ya muchos años, es, insisto, el determinar exactamente el concepto legal y aceptable socialmente de su autonomía y la obligación de un gobierno interno que, con respeto irrestricto a la libertad de cátedra y a las libertades y derechos fundamentales, tenga que estar inmerso en un sistema de manejo equilibrado y una política pública universitaria de una muy eficaz y ordenada administración de su hacienda, patrimonio y presupuesto, comprometida socialmente con la transparencia y la rendición de cuentas.
Sin tratar de establecer si se maneja bien o mal o si se cumple o no con los propios estatutos legales que rigen la vida de las universidades públicas, cabe señalar la inminente necesidad de ir cada vez más hacia delante, en cuanto a impregnar un sentimiento de confianza en la sociedad en relación con la eficacia y el adecuado manejo de los recursos y, además, no solamente que estos se eroguen justamente apegados al mandato de un orden jurídico que si se cumple pero que a veces se cuestiona.
Es ya común que las instituciones públicas sin incurrir en ilegalidad, cometan el error grave de no invertir en obras y servicios para mejorar la calidad de vida de la población con apego a prioridades generales, es el caso de las universidades públicas, que sin menoscabo de atender un criterio para cumplir legalmente con la aprobación del gasto por su órganos de gobierno internos, sería deseable que se hiciera siempre pensando en lo mejor para invertir ese recurso público, buscando las mejores opciones para sus conformantes, en las prioridades más urgentes para alcanzar mejores niveles y lograr la cobertura adecuada y la calidad en la educación y la investigación sin dejar de lado que existen muchas otras circunstancias que pueden ser también legales y deseables, pero que habría que ver si resisten el análisis de la prioridad frente a otras necesidades de inversión.
El propio rector de nuestra alma mater ha señalado valientemente que la Universidad de Guadalajara tiene por igual centros culturales de primer mundo como preparatorias de cuarta categoría.
El balance a la fecha no resulta deficitario, pero se debe seguir adelante todavía en la búsqueda de retornar las actividades académicas y de investigación como sus principales ejes fundamentales para aportar a la sociedad lo que de ella se espera, además de facilitar la transparencia y la rendición de cuentas como un ejercicio natural de una institución oficial.
Por otra parte, al margen de disputas y discusiones basadas en la lucha por la ejecución de proyectos que, sin dejar de ser positivos, deben ser supeditados a la existencia prioritaria de recursos, más allá de luchas por imponer proyectos o demostrar capacidades para ejercer el control o dominio en las decisiones o en la actuación de las autoridades, debe buscarse siempre el bien del pueblo para otorgarle mayores y mejores oportunidades de un mejor servicio de educación pública en el nivel medio superior y superior.
La universidad pública debe tener la capacidad de adaptarse a los requerimientos sociales de todo tipo para mantenerse vigente social y jurídicamente como una de las más sólidas instituciones pilares de países como el nuestro, su renovación y evolución deben ser permanentes y sobretodo ajenas a eventualidades de cualquier otro orden que puedan poner en riesgo su continuidad e innegable beneficio público.
salvador@salvadorcosio.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario