Reclamo unísono

Fuente Ovejuna | Salvador Cosío Gaona

2009-11-21 • Acentos

Durante la reciente contienda electoral donde el PAN perdió la zona metropolitana de Guadalajara, dos factores fueron fundamentales en la decisión del electorado para dar al tricolor un voto de confianza: el primero, el desgaste natural del PAN en el ejercicio del gobierno y su pésimo desempeño frente a las administraciones públicas municipales y el segundo: el hartazgo generalizado ante flagrantes actos de anquilosamiento en el poder, corrupción, impunidad, clientelismos, dilapidación de los recursos públicos y tal vez el más doloroso para el orgullo de los jaliscienses, las sandeces y vituperios que Emilio González Márquez profirió a los ciudadanos en bochornosos actos que sólo sirven para engrosar el patético anecdotario de dislates de quien dice gobernar el estado.

Lejos de impulsar un cambio de fondo, los panistas construyeron monstruos ávidos de poder y carentes de toda capacidad política, moral e intelectual. Levantaron muros y cotos de posiciones para albergar compadrazgos y pagar favores.

A la par de muchas instituciones, crearon organismos alternos que en vez de colaborar, entorpecieron el desempeño institucional, mermando confianza y certidumbre, para abonar opacidad, oscurantismo y prácticas nocivas que terminaron por perjudicar la naturaleza final de la razón de ser en diversos organismos e instituciones.

Ahí está el hoy cuestionado por sus propios creadores, Consejo de la Judicatura, organismo obeso, deslucido desde siempre, intrascendente, carente de transparencia y señalado desde sus propias entrañas como parcial, deshonesto e inoperante.

En conflicto hoy con el Supremo Tribunal de Justicia que es la cabeza del Poder Judicial en el Estado de Jalisco, el Consejo de la Judicatura se ha deformado y ha complicado el acceso de los gobernados a una justicia que nuestra Carta Magna exige sea pronta, rápida y expedita.

Al politizarse el organismo judicial se causó un daño flagrante al sistema de impartición de justicia donde ni la política, ni los políticos pueden caber, se debe entonces reconstruir el sistema judicial estatal para dotarlo de autonomía, independencia y libertad, lejos de los huracanes políticos e intereses partidistas.

La confianza de los ciudadanos en momentos de desorden social y creciente inseguridad pública, debe fomentarse a través del fortalecimiento de las instituciones que son garantes de nuestro Estado de derecho, de lo contrario el caos sería la constante y la impunidad, el influyentismo y el poder del dinero dictarían el rumbo de las actuaciones y decisiones judiciales.

Es incomprensible e injustificable el cierre de juzgados en poblaciones donde los ciudadanos tienen el derecho de acceder a ellos y el poder público la obligación de acercarlos para no dejarlos en estado de indefensión, mientras los funcionarios responsables de tomar estas decisiones reciben ofensivos y onerosos sueldos y transitan las calles en lujosas camionetas adquiridas con el dinero de los jaliscienses.

Mientras el Poder Judicial se distraiga en pugnas internas, será complicado hacer realidad el mandato constitucional y la justicia irónicamente ciega deambulará sin rumbo frente a la legítima exigencia de miles de ciudadanos que esperan la respuesta imparcial y expedita de un asunto jurídico.

Sin embargo, no debe aprovecharse esta oportunidad de poner orden en el Poder Judicial, para que otro u otros poderes que debieran ser pares, vulneren su autonomía, aduciendo capacidad legal para hacerlo, porque la justicia no es de los políticos ni esta para su servicio, se trata de un derecho inalienable de los gobernados y una garantía de seguridad que debe ser entendida como eje vertebral de la convivencia social.

salvador@salvadorcosio.org