Fuente Ovejuna | Salvador Cosío Gaona
2009-01-24 • Acentos
El subsidio electorero que Emilio González Márquez autorizó al “pulpo camionero”, no es otra cosa más que una descarada simulación para prorrogar durante el tiempo que duren las campañas políticas la inminente alza del transporte público.
Así de claro lo dejó entrever al anunciar que la medida electorera sólo tendría vigencia durante los próximos seis meses, justo en las fechas de elecciones.
No es complicado llegar a esa conclusión, el subsidio será entregado mensualmente a los empresarios transportistas en cantidades de 43 millones. Seis meses exactos, por si alguien tuviera dudas.
Es vergonzoso cómo se intenta engañar una vez más a los jaliscienses con “el petate del muerto”. Hay quien no descarta que este asunto haya sido orquestado por el gobierno del estado y el líder de los transportistas a fin de satisfacer mutuas conveniencias. ¿Difícil de creer verdad?
Más tardaron en concretar la desaseada negociación, que en salir al aire la campaña publicitaria del gobierno orientada a desvirtuar el fondo del problema, “... a los jaliscienses no les va a costar...”, indica el spot , ¿de quién será entonces el dinero del erario?
Los transportistas consiguieron lo que querían. ¿Y los usuarios qué? ¿Dónde están las mejoras al servicio? ¿Dónde las nuevas y mejor acondicionadas unidades de transporte? ¿Dónde la seguridad, eficiencia y calidad? Habría que analizar accidentes donde se involucra al transporte público ocurridos desde el día que se anunció el subsidio a la fecha, para demostrar que ni siquiera voluntad existe para mejorar.
El gobierno cedió a cambio de nada, quizá hubo acuerdos pero por debajo del agua y sólo en beneficio del partido del gobernador.
El subsidio de Emilio no se justifica, no existen estudios que lo hagan ni claridad y sustento sobre las partidas que se afectarán para erogar dichas aportaciones, toda vez que la cantidad subsidiada no fue presupuestada y por lo tanto nunca fue legalmente aprobada, incurriendo una vez más en prácticas discrecionales y quebrantamiento normativo.
El subsidio no mitiga la problemática del transporte público. Si a los concesionarios del transporte ya no les cuadran las cuentas que dejen el negocio y se dediquen a otra actividad, nadie los obliga a lidiar con “pobres”, ¿o sí?
Da lástima escuchar al líder transportista ofendiendo con sus frases burdas y fuera de lugar, como si el servicio mediocre que brindan fuera una regalía, cuando es en realidad una obligación del estado.
salvador@salvadorcosio.org
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