Qué bonita familia, qué bonita familia

Fuente Ovejuna | Salvador Cosío Gaona

2007-10-06 • Acentos

Mucho se ha dicho de la doble moral de los funcionarios de origen panista, versión que con los acontecimientos que hemos presenciado en los diferentes municipios metropolitanos y las actitudes del Ejecutivo estatal, queda perfectamente claro que los argumentos que utilizan en campaña de honestidad, de calidad moral y de civilidad nada tienen que ver con su desempeño en la Administración pública.

El asesinato de un funcionario de Tonalá fue un acto delictivo deleznable que se hace más grave y reprochable cuando quienes lo planearon y encargaron su ejecución son otros empleados del propio municipio, invitados todos a trabajar por el presidente municipal.

La investigación de la muerte del empleado público derivó en dos vertientes: la de los autores materiales y la de los autores intelectuales, esta última fue la que destapó la serie de intrigas e irregularidades que nos han permitido conocer la grave corrupción que se anida en el gobierno panista actual, proveniente de los “compromisos” de campaña.

Los trabajadores del ayuntamiento, así como los otros implicados, han declarado a la autoridad que su ingreso al servicio municipal tuvo un alto costo económico que les fue cobrado cuando se dieron las candidaturas, y que como beneficio, además del cargo, tendrían “facilidades” para llevar a cabo negocios ilícitos.

El presidente municipal, en su descargo niega haber invitado a trabajar a los cómplices de quienes ni siquiera se dio el tiempo de revisar perfiles, afirmando que la incorporación de ellos fue producto de los compromisos contraídos con otros grupos panistas y con proveedores económicos en declaraciones tan graves como lamentables, porque confirman por sí mismas el tráfico y venta de posiciones y la utilización indiscriminada de dinero ilegal en los procesos electorales.

El alcalde, aunque no lo acepte, tiene acreditada responsabilidad, en principio, por ser el titular de las áreas administrativas y la contratación del personal, actos por los cuales debe responder, y al efecto, lo más útil para el municipio sería solicitar licencia en tanto se aclara todo el asunto, para no entorpecer las investigaciones. Pero la Procuraduría del Estado, que debiera ser imparcial, le ha manifestado su apoyo como también lo hizo ya el propio gobernador.

Del análisis de los hechos, es fácil que se generen sospechas de las más recientes acciones de la presidencia tonalteca, como pudiera ser el crédito solicitado por 500 millones de pesos para diversas obras que, de por sí, atarán de manos a las siguientes Administraciones. ¿Podrá la ciudadanía tener la confianza de la utilización adecuada de dichos recursos?

Lo anterior nos habla del grado de corrupción que han alcanzado los procesos panistas en selección de candidatos, la ilegal procedencia de los recursos utilizados en campaña, así como las grandes sumas empleadas en ellas, que con toda seguridad rebasan el límite establecido por la ley, y que son muy diferentes a las reportadas oficialmente. También nos da idea de lo que pudieron hacer para la contienda por la gubernatura y la propia presidencia de la república.

En otro “frente”, la clase panista está otra vez en tela de juicio y los augurios no son nada esperanzadores. El área crítica es la propia Procuraduría de Justicia del Estado, donde se ha desatado una lucha sin cuartel entre grupos blanquiazules, implicándose mutuamente en delitos sexuales graves que han trascendido al municipio de Guadalajara, de donde ya han separado del cargo a uno de los señalados por abuso de menores y violación.

Un conflicto estrictamente de carácter laboral entre el procurador y su subalterno ha dado origen a denuncias ante la PGR, represalias inusuales e ilógicas reasignaciones, así como licencias y hasta órdenes de aprehensión. En este caso tampoco los principales señalados han solicitado licencia a sus cargos para facilitar el trabajo de investigación. Si son inocentes como si dicen, el resultado les daría un argumento contundente para recuperar la imagen de imparcialidad, honorabilidad y profesionalismo que exige el desempeño de un cargo público.

Tanto en Tonalá como en Guadalajara y en la propia Procuraduría, la falta de interés y celeridad han permitido que los presuntos responsables tengan el tiempo suficiente para evadir la acción de la justicia, dado que se desconoce el paradero de ellos, lo que por negligencia de las autoridades del estado, también panistas, constituye otro delito acumulado a la ya larga lista, hasta ahora impune.

Hace algunos años existía una serie televisiva que sustentaba su identificación en la frase repetida “qué bonita familia”. Ese parece ser ahora el lema panista. Pretenden que todo quede entre ellos, como deudas o facturas que ya tendrán su tiempo para cobrarlas, pensando ilusamente que la sociedad les permitirá continuar con los atropellos, abusos y corrupción que desvirtúan no sólo a la noble actividad política, sino a la sociedad jalisciense. Qué bonita familia.

salvador@salvadorcosio.org