Fuente Ovejuna | Salvador Cosío Gaona
2011-08-20 • Acentos
El Procurador de Justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, protege una red de corrupción al interior de su dependencia y miente al auto exonerarse de las denuncias que lo señalan participe de impúdicas fiestas donde llevaban a menores de edad para abusarlas sexualmente.
La averiguación iniciada en su contra sigue vigente en la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas de la PGR , integrada a partir de la denuncia presentada en 2007 por la entonces menor de edad “Yazmín” y su madre, por delitos de pederastia, pornografía y prostitución infantil.
Ante el hostigamiento de Tomás Coronado, las denunciantes presentaron queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien solicitó al Estado Mexicano aplicara medidas cautelares a favor de las ofendidas, mismas que fueron desacatadas por una funcionaria estatal, que a nombre del Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, las amedrentó y presionó sin éxito para que retiraran la denuncia contra el procurador.
También en 2007, “Águeda” como se identificó a una menor de edad, denunció a Tomás Coronado ante la propia PGJE que encabeza, señalando bajo la averiguación previa 010935/2007/039-P24 que él participó en una fiesta donde se llevaron a cabo actos de prostitución y pornografía infantil; averiguación, integrada por Pedro Haro Ocampo, hoy también indiciado en la misma indagación penal que su jefe.
Lo anterior se suma a las descaradas evidencias recabadas, exhibidas y denunciadas, por convertir las oficinas públicas de la PGJE , en moteles y burdeles, donde se han sostenido relaciones sexuales entre trabajadores, fiestas inmorales, acoso, extorsiones, tráfico de influencias, alteración de peritajes, manipulación de expedientes y demás irregularidades, bajo el cínico consentimiento y complicidad de Tomás Coronado.
Cínicamente como juez y parte, Pedro Haro, pretende hacer valer su inocencia con engaños presentando acusación penal contra los denunciantes y quienes resulten responsables, intimidando incluso a los informantes quienes fueron reasignados de oficina y se les ha obligado al silencio, cuando lo correcto debió ser que la denuncia se acumulara a las existentes que se persiguen de oficio en la Visitaduría y Contraloría, bajo los expedientes A.P.117/2011 y 304/2011 respectivamente y dejar el cargo para el esclarecimiento de hechos.
Ante esta mañosa acometida, a petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se han dictado medidas precautorias a la PGJE a efecto de que se abstengan de realizar cualquier acto de intimidación, hostigamiento o molestia en contra de la parte quejosa y sus familias.
Inaceptable y reprochable el descrédito que desequilibrados lacras que lucran, le endilgan a la institución encargada de procurar justicia, solapados por Tomás Coronado Olmos, en complicidad con Emilio González Márquez, lacras asquerosas todos, a quien Jalisco, sus instituciones y su gente, les vale madre.
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