La reforma, pan con lo mismo

Fuente Ovejuna | Salvador Cosío Gaona

2007-09-01 • Acentos

En la LVIII Legislatura federal, de la que orgullosamente formé parte, recibimos el paquete de modificaciones propuestas por el recién electo Vicente Fox, que fueran preparadas por su flamante gabinete integrado por empresarios venidos a funcionarios públicos recomendados por aquellos afamados cazatalentos y que pomposamente llamaron “propuesta de reforma hacendaria”.

Una vez analizada por el equipo asesor especializado de la fracción, encabezada en su momento por Beatriz Paredes, se concluyó que de lo que se trataba en realidad era de una lista de modificaciones insustanciales que tenían como única finalidad recabar más impuestos a como diera lugar, se recordará el amplio debate que se dio por la obstinación injustificada de gravar con una tasa uniforme todo tipo de alimentos, medicinas y libros, sin más argumento que la falaz versión de acercar beneficios a los que menos tienen en una clara y directa afrenta contra del grueso de la población mexicana.

Insostenible por sí misma, la propuesta no prosperó, los legisladores de oposición asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones y, optando por la defensa de nuestros representados, regresamos el documento al Ejecutivo federal para que se trabajara en una auténtica reforma hacendaria, que implica, entre muchas otras cosas más, la revisión de las estructuras económico jurídicas que soportan nuestro sistema financiero para decidir sobre su continuidad, reforzamiento o adecuaciones suficientes para satisfacer las necesidades del país y las exigencias de la comunidad internacional que le faciliten a México su integración a la galopante globalización.

Una reforma hacendiaria tiene que ver además con una depuración de la estructura administrativa del gobierno y de la plantilla general, buscando hacer eficiente el eterno trámite gubernamental, y reduciendo las dependencias y organismos caros e innecesarios; en esta materia han aterrizado la mayor parte de las propuestas recientes anunciándolas como reformas del estado, quedando en una simple reforma de gobierno que no alcanza a aplicarse.

Hacer eficiente el gasto corriente, establecer políticas claras y reales de austeridad y autorización justificada del gasto operativo ha sido un reclamo permanente de los diferentes actores de la sociedad que se ha traducido en la creación de dependencias y órganos de fiscalización que aún no cuentan con autonomía plena, y por ende de una total credibilidad, sin embargo, es un área importante para considerar en una profunda reforma a la Hacienda pública.

Adicionalmente, una reforma como tal, debe comprender un soporte suficiente para conocer con anticipación el destino y proporción del ingreso y el gasto, es decir, debe tener como eje principal un plan integral de desarrollo que ordene las prioridades del Estado y la consecución gradual de sus metas, con independencia del periodo de tiempo que se lleve en cristalizarlas; hay especialistas que estiman entre 25 y 30 años la temporalidad para percibirse los primeros resultados, y un plan así, no existe en nuestro país.

No obstante, los apercibimientos con los que se le retornó su propuesta, Fox no los tomó en cuenta y una vez que se integró la nueva Legislatura les envió a ellos, otra vez, el mismo documento, la misma gata, pero revolcada, como comúnmente se dice, y el resultado era perfectamente predecible: no fue aprobada.

En el actual sexenio, por las propias evidencias, quedó claro que las reformas no son la prioridad. Al menos no formaron parte de sus primeras acciones, que más bien buscaban acreditarse algo de legitimidad. No obstante lo anterior, a pocos meses de que comenzó, han presentado una propuesta de reforma que suena a pan con lo mismo, porque de fondo no difiere de lo presentado por Fox, ahora, eso sí, viene acompañada de una costosa y abundante campaña publicitaria dirigida a la población, intentando convencerles que con ella habrán resuelto, en definitiva, todos los problemas del país.

El momento político no es apropiado para impulsar una reforma en el modo y los términos que se propone, lo más adecuado sería, en todo caso, someter la propuesta a un amplio foro de consulta, donde participen no sólo los especialistas y los políticos, sino también los gobiernos de los estados y los municipios, las universidades, empresarios, sindicatos y comerciantes, en el que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de opinar y aportar lo que a ellos convenga y competa para que la propuesta surja con el compromiso y el soporte social de todos los mexicanos.

Rescatando las coincidencias, habrá de definirse el establecimiento de reglas claras para la distribución de la carga impositiva, la identificación precisa de las actividades productivas y sus aportaciones, la fijación de tasas proporcionales, justas y equitativas. Se podrá planear también el aprovechamiento ordenado de los recursos naturales y energéticos, y la programación de los grandes proyectos que requiere el país.

Indudablemente, México necesita una reforma que nos motive a todos en la búsqueda de mejores condiciones de vida, pero también resulta fundamental que ésta sea de fondo, integral, incluyente y sustentable, y no simplemente, pan con lo mismo.

salvador@salvadorcosio.org