Fuente Ovejuna | Salvador Cosío Gaona
2007-06-23 • Acentos
En la semana que concluye, fue presentado al Congreso de la Unión el proyecto de reforma fiscal que preparó el Ejecutivo y que significa el pilar fundamental sobre el que girará la Administración calderonista.
Innecesariamente, la Secretaría de Hacienda ha provocado inconformidades desde la forma en que se difundió el documento en los medios de comunicación, con mucha anticipación a su entrega oficial a los legisladores; de hecho, con el anuncio se dio inicio a un amplio debate e intercambio de ideas que los más optimistas estiman concluirá, con o sin reforma, a finales del mes de noviembre del año en curso.
Aunque la forma de iniciar el cabildeo de un proyecto tan trascendente no haya sido la más adecuada, es de esperarse que no provoque mayores inconvenientes a los actores políticos que intervendrán en el. Sin embargo, puede interpretarse, en el mejor de los casos, como una falta grave de tacto e intuición política que habrá de corregirse de inmediato si se quiere llegar verdaderamente a los mayores consensos.
Ciertamente, es muy poco todavía lo que se puede señalar de la mencionada reforma, toda vez que su comprensión y alcances requieren de un análisis pormenorizado y profundo, no obstante, de lo poco que se ha exteriorizado, vale la pena una revisión general, ya que a simple vista puede provocarnos preocupación y muchas dudas.
Si bien es lógico que un proyecto de alto impacto político, económico y social, deba reflejarse en modificaciones a la constitución, parece, en ese sentido, poco ambiciosa la propuesta de reforma que perfectamente pudiera haber tomado como punta de lanza la reforma constitucional de fondo que requiere nuestro país y sobre ella ordenar las subsecuentes en áreas mas específicas.
Las opiniones más inmediatas que se han generado, se refieren a un propósito más recaudatorio que estructural de la propuesta; habla de la poca creatividad al gravar aún más a los contribuyentes cautivos, sin repartir la carga impositiva con equidad y proporcionalidad.
Se menciona con insistencia, por parte del secretario de Hacienda, el destino social de la recaudación marginal para la pobreza y desigualdad como justificación del proyecto, sin precisar de qué manera se verán reflejados los recursos en los bolsillos de los mexicanos.
La propuesta habla del ataque a la grave problemática de la pobreza que todos sabemos debe ser multifactorial, pero no se hace referencia al importante aspecto educativo, que también debe ser prioridad después del fuerte retroceso que se dio en la Administración foxista, llevándonos a niveles no sólo vergonzosos, sino de riesgo para sostener un posible ingreso al grupo de países con aceptable nivel de calidad de vida; y tampoco señala un esquema de distribución equitativa de la riqueza o atención a población marginada y grupos vulnerables con un diagnóstico preciso, real y tangible de sus necesidades, además de las posibles vías para su mejora.
Señala el secretario una dedicatoria especial a los evasores, en la que se incluye, de manera automática, a los comerciantes informales, a quienes el proyecto pretende coaccionar equivocadamente a través de gravar los depósitos en efectivo, mayores a 20 mil pesos, sin considerar que la informalidad comercial la propició y fomentó oficialmente Vicente Fox con su programa changarro y que no es ese grupo el que habrá de aportar recursos significativos al erario, como sí lo harían los grandes contribuyentes que gozan de excepciones, exenciones y discreciones oficiales.
Tampoco se reconoce que es excesiva, inoperante y hasta ofensiva la estructura gubernamental y la plantilla burocrática a donde se va como coladera gran parte del gasto público, no se dice siquiera que se vaya a revisar el gasto gubernamental, seguramente porque no es su deseo dar profundidad e integralidad a la reforma.
Los últimos gobiernos federales se han empeñado en reformas que no trascienden a la simple reforma de gobierno que, dicho sea de paso, también es necesario en estos momentos, por lo que a la propuesta oficial debe incorporarse el eficientar el gasto en dependencias necesarias, eliminar las que no lo son y elaborar un análisis certero de valoración de los ingresos salariales de todos los niveles.
Por otro lado, por elemental congruencia, si se pretende establecer un plan para captar con equidad los recursos monetarios, también se debería delinear al menos cual será la orientación del gasto, informar a qué destino se dará prioridad y qué metas se alcanzarán con ello.
El proceso apenas comienza, aun habrá muchas controversias y diversas visiones que deberán concluir en un proyecto perfeccionado. el Congreso de la Unión tiene la gran responsabilidad de ejercer su papel de contrapeso y sus facultades para proponer alternativas paralelas. Exijámosle que haga su trabajo y que además lo haga bien.
salvador@salvadorcosio.org
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