Fuente Ovejuna | Salvador Cosío Gaona
2007-06-16 • Acentos
La añeja dificultad para encontrar mecanismos que permitan administrar el flujo migratorio de México a Estados Unidos parecía, sólo en los ojos de Vicente Fox, encontrar alivio en su Administración mediante la firma de un acuerdo migratorio. Pero una vez más el acuerdo no se ha materializado, lo que en parte se atribuye a los cambios de prioridades y percepciones de Estados Unidos, generados por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, algunos señalamientos más contundentes apuntan que aun sin la ejecución de dichos ataques, el acuerdo no se habría firmado, dado que el fenómeno migratorio siempre tendrá mayor importancia para México que para Estados Unidos.
Con la actitud de los estadunidenses queda claro que aun cuando México desee un acuerdo migratorio y sea la principal fuente de emigrantes en aquel país, no significa que Estados Unidos esté interesado en la firma; agregando que de darse, el acuerdo equivaldría a establecer un proceso de migración limitada, selectiva y leonina, lo que es contrario al trato igualitario que debiera otorgarse a los emigrantes de todo el mundo como lo establece la política migratoria de Estados Unidos, de manera que garantice también a los mexicanos el respeto de la integridad física, la dignidad, los derechos laborales y, en general, el más amplio respeto a los derechos humanos de los trabajadores que se encuentran en aquel país.
La relación de México con Estados Unidos es seguramente la más importante de las que mantiene nuestro país con el exterior, en razón del enorme peso de la economía del país del Norte en el mundo. Ciertamente, de ninguna otra nación se desprenden para nosotros tantos beneficios económicos, comerciales, culturales, sociales, tecnológicos, científicos, turísticos y demográficos, sin embargo, es al mismo tiempo, la relación que representa más riesgos para nuestro país por la enorme gama de cuestiones relativas a la seguridad nacional, pública y económica, pero especialmente por la subvaloración que hacen de nuestra soberanía y de nuestras potencialidades.
La demografía constituye un punto medular en la relación bilateral, ya que su dimensión y dinamismo afectan ambos territorios, así lo reflejan las cifras que indican que en Estados Unidos viven cerca de 37.4 millones de latinos civiles, de los cuales 25 millones son de origen mexicano. Esta última cifra incluye 9.5 millones de nacidos en México, equivalente a prácticamente 10 por ciento de la población de nuestro país, estimada en poco más de cien millones de habitantes, pero también, a su vez, incluye aproximadamente a cuatro millones de indocumentados, dato que se modifica constantemente, pues existe un flujo expulsor —el cual podría mantenerse constante hasta 2020— estimado entre 390 mil y 610 mil personas al año.
Esta población mexicana avecindada fuera del país tiene diversos efectos sobre México, como es el constituir un considerable mercado para los productos mexicanos que, al combinarse con los demás grupos hispanos, cuenta con un poder adquisitivo de 450 mil millones de dólares, y que podría alcanzar los 900 mil millones de dólares en 2010, según algunas estimaciones.
Por otro lado, también otro punto importante que tiene que ver con ambas economías son las fuertes cantidades de remesas que desde 2003 representan la segunda fuente de divisas para México, y cuyo monto supera los quince mil millones de dólares anuales.
En lo que toca a Estados Unidos, la llegada de un número considerable de emigrantes ha causado entre algunos sectores radicales la sensación de pérdida del control de las fronteras del país y ha generado, también, la percepción de que este flujo migratorio representa una amenaza laboral y cultural para aquél país.
Esta sensación pesimista y xenófoba considera que la inmigración latina, y particularmente la mexicana, representa para Estados Unidos el riesgo de fracturarse en dos países: Uno que continuaría la tradición anglo protestante y “otro” de cultura hispánica, con una fuerte connotación mexicana que no goza de sus simpatías.
Lo anterior hace evidente la necesidad simultanea de un acuerdo migratorio que regule el flujo de personas y divisas para motivar el desarrollo de ese importante grupo de paisanos, pero también la imperiosa obligación de hacerlo respetando en todo momento la dignidad y soberanía de nuestra nación y de todos los mexicanos que viven en ambos países.
El acuerdo migratorio, de darse, debe quedarle claro a la Administración federal, no será en los siguientes tres años. Por lo tanto, no debe caer en la misma verborrea que Fox, anunciando su inminente firma que nunca sucedió, al contrario, habrá de tomarse el tiempo necesario para realizar una gestión benéfica para México en todos los rubros, pero sobre todo ocuparse y preocuparse por brindar a los mexicanos condiciones favorables que inhiban su migración.
salvador@salvadorcosio.org
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