Fuente Ovejuna | Salvador Cosío Gaona
2008-07-05 • Acentos
Muy a pesar de que Emilio González haya incluido dentro de su anecdotario personal los daños que ha causado a la sociedad tapatía el colapso del colector en el paso a desnivel de López Mateos y Las Rosas, los ciudadanos exigen que se den a conocer con nombres y apellidos a los culpables y se sancionen de acuerdo con la gravedad de las acciones u omisiones que hicieron o dejaron de hacer y que redundaron en lo que ya todos conocemos.
Es una ofensa para la inteligencia de los ciudadanos que el gobierno del estado se apresure a realizar las reparaciones que sean necesarias, en un hecho por demás obvio de ocultar o desaparecer importantes evidencias que serían determinantes para imputarle a alguien la responsabilidad en el proyecto y ejecución.
La obra que en un momento dado pudo haber costado unos 300 millones, alcanzaría con las reparaciones, quizá el doble o hasta el triple de su costo inicial y no los 50 millones que alguien ocurrentemente sugirió.
Este evento, si hubiere acontecido en un país europeo o incluso en Estados Unidos, sería suficiente para solicitar y lograr la renuncia del gobernador, situación no prevista aún por nuestra legislación.
Se tendrá que revisar minuciosamente el costo de la obra por lo que su fiscalización será determinante para calcular el daño al erario. Y es en este tema donde se deriva otro de fundamental relevancia, la fiscalización tanto de las obras en su aspecto técnico, como de las cuentas y el ejercicio del presupuesto que ejercen las entidades públicas que debe ser transparente en beneficio de la sociedad.
La falta de una reforma integral en el tema de la fiscalización ha originado que existan una serie de complacencias e irregularidades en el manejo de los recursos, especialmente en la ejecución de la obra publica. De ahí la urgencia de consensuar una verdadera reforma y no un intento o un remiendo que de nada sirva. La fiscalización en Jalisco debe garantizar la autonomía de la Auditoría Superior del Estado y no relegarla a un órgano de apoyo del Congreso.
Urge que la reforma a la Ley de Fiscalización cumpla un objetivo y no aparente una innovación que al final de día coincida en lo que hoy existe. Entre el Ejecutivo y el Legislativo los acuerdos no son comunes, al parecer a provocación de los legisladores se motivó un posible veto por parte del gobernador por supuestas imprecisiones en el texto del proyecto de reforma, sin embargo, después de una impulsada discusión mediática, los diputados darán gusto a las pretensiones del Ejecutivo, pero son nimiedades que no aportan nada al tema substancial.
Mientras la simulación siga siendo el eje de las políticas públicas y el debate originado y substanciado en los medios, continuaremos al filo de un endeble estado de derecho donde las decisiones políticas sobresean al interés ciudadano y al fortalecimiento de nuestras instituciones.
salvador@salvadorcosio.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario