Fuente Ovejuna | Salvador Cosío Gaona
2007-05-19 • Acentos
Recientemente y después de una ardua investigación fue puesto a disposición de los tribunales el ex alcalde del aún muy bello puerto, en ejecución de la orden de aprehensión dictada en su contra por el juez competente por delitos contra el desarrollo urbano y el medio ambiente.
Esto se dio luego de las graves acusaciones interpuestas por hoteleros, empresarios, académicos y de un gran número de habitantes costeños, en el sentido de haber ordenado y tolerado acciones para alterar irresponsablemente los regímenes de las zonas de uso de suelo, para favorecer la construcción de edificios de vivienda de lujo en superficies no aptas legalmente para ello por ser vocacionada para hotelería comercial, además de permitir en exceso el alzado de varios niveles más de lo normado y haber autorizado construcción de desarrollos urbanos en áreas de amortiguamiento ecológico y de reserva urbana, en franca violación a las normas de desarrollo urbano y de prevención y control del medio ambiente y la ecología al haber autorizado ilegalmente, en los últimos días de su gestión como alcalde, las licencias respectivas.
Las autoridades judiciales han procedido en su contra y ahora se encuentra tras las rejas esperando sentencia. Igual suerte están por correr los regidores que votaron a favor la iniciativa presentada aun sabiendo de las irregularidades en que incurrirían. Adicionalmente, vale la pena señalar que también están sujetos a proceso otros ejecutores de los delitos, como constructores y promotores inmobiliarios, así como, en el caso más sonado, una famosísima cantante, por su complicidad y tráfico de influencias. Detalle mayor merece la atención en cuanto a la orden judicial en cumplimiento para demoler las obras mal ejecutadas y devolverle al entorno paulatinamente el orden necesario.
Los hechos vienen a cumplir un reclamo de justicia ampliamente acariciado por los pobladores, quienes cansados de los abusos, prepotencia y señalamientos de corrupción contra el ex alcalde finalmente comienzan así a reparar los daños causados por la mala gestión del político porteño.
Habrá de recordarse que, no obstante la desaprobación de la máxima autoridad de la entidad en materia de desarrollo urbano y ambiental en sendos dictámenes oficiales para cambiar el uso de suelo y la construcción de edificios, amparado en la autonomía municipal y con la colaboración de su cuerpo fiel de regidores siguió adelante con los proyectos de inversión privada hasta la expedición de licencias, con lo que coronaron una larga lista de atropellos a la configuración urbana y ecológica del destino turístico.
Las acciones judiciales han seguido su curso sin esperar la resolución de las autoridades políticas, que seguramente derivarán en sanciones administrativas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Muy amarga experiencia les ha dejado a los habitantes del importante destino turístico internacional la gestión del ex alcalde nacido, formado y avecindado en las colonias populares de la ciudad y que poco le importó conservar la vocación y estilo que tradicionalmente han distinguido al puerto en su difícil proceso de fortalecimiento económico. Algo les consuela que ahora purga su condena tras las rejas.
La anterior es la historia de Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella, paradisíaco puerto andaluz en España, y de la famosa tonadillera Isabel Pantoja, cuyo caso guarda una sorprendente similitud con lo ocurrido en nuestro aún bello Puerto Vallarta, cuyo ex alcalde Gustavo González Villaseñor enfrenta similares acusaciones de trastocar el orden urbano y ambiental con sus decisiones arbitrarias y prepotentes, que han venido generando, desde hace ya más de dos años, las protestas de hoteleros, comerciantes establecidos, urbanistas serios, académicos y universitarios y la población en general.
Igual que a Muñoz en Marbella, muchos en Vallarta desean que se aplique la justicia a Gustavo González, quien no se detuvo ante nada para autorizar, siendo munícipe, un gran número de obras privadas que afectan gravemente el desarrollo urbanístico, ambiental, social y productivo de la región.
En España como en México y Puerto Vallarta, en específico, la consecuencia indeseada de la autorización de licencias irregulares es que al igual que el ayuntamiento recibe enormes sumas de dinero de los promotores y constructores para poder pagar los servicios municipales a que está obligado, también los políticos oportunistas que gobiernan son susceptibles de cobrar a título personal esos favores. En España se conoce como corrupción urbanística, en Jalisco quien lo realiza incurre en varios delitos.
Puerto Vallarta es el destino turístico con mayor proyección y crecimiento en el país y eso se debe al empuje y talento de sus empresarios, quienes a pesar del desaire de las autoridades turísticas federales y estatales ha progresado a base de conjuntar esfuerzos para su promoción y equipamiento. No es justo que por satisfacer la ambición insana y desmedida de quien le gobernó se tire por la borda el trabajo de generaciones enteras y se ponga en riesgo su futuro.
Es urgente que las autoridades judiciales ejerzan su función con prontitud para evitar que la impunidad siga siendo la cobija de la corrupción. Hay que hacer un llamado a revisar la legislación urbana y ambiental y hacerla cada vez mas coercitiva, justa y punible.
salvador@salvadorcosio.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario