Emilio el privatizador

Fuente Ovejuna | Salvador Cosío Gaona

2007-04-07 • Acentos

El gobernador Emilio González Márquez promoverá las reformas necesarias para que se le otorguen facultades y contratar con empresas privadas la renta de instalaciones e infraestructura para servicios públicos, que por ley corresponden al Estado, para dedicarlas a escuelas publicas y a otros servicios como caminos, carreteras, puentes y plantas de tratamiento, construidas por empresarios dispuestos a invertir para beneficiarse aún más de la obra pública, como ventajosamente lo hacen en prestación de servicios como recolección de basura, transporte colectivo, aeropuertos y hasta en la selección de funcionarios de primer nivel, como lo hizo Fox con los tristemente celebres headhunters. Experiencias que no han resultado del todo gratas no financiera ni socialmente.

Queda claro que no es a base de supuestas genialidades u ocurrencias como podrá Jalisco sacudirse la modorra productiva que ya nos está estigmatizando. El gobierno estatal debe atender obligadamente las necesidades más urgentes de la ciudadanía y dar la solución a la problemática que impide o limita el desarrollo de la entidad para recuperar los primeros lugares en el concierto nacional, que ha venido perdiendo gradualmente en sectores productivos trascendentales. El camino no es reinventando cada seis años el gobierno.

Dejarle esa responsabilidad al sector privado demostraría de facto la ineficacia del gobierno estatal para seguir haciéndose cargo de temas como la obra pública, que ha sido un fuerte dolor de cabeza, pues el descontrol en su seguimiento y administración ha propiciado que los empresarios constructores se excedan en demasía tanto en el tiempo de entrega de las obras como en el costo presupuestado, con el consiguiente menoscabo del recurso público y la incapacidad gubernamental para defender los intereses monetarios del estado.

Una de las razones expresadas por los empresarios promotores de este tipo de proyectos de inversión ha sido que con ellos se evitará el gobierno hacer frente a la severa problemática que implica la corrupción en la edificación de obra pública, y si las reformas se consolidan sería aceptar la incapacidad oficial para construir adecuadamente, propiciándose con ello la priorización del dinero sobre la necesidad social, pues serían los empresarios quienes agendarían las obras a realizar en función de su costo y utilidad y no en cuanto a la atención inmediata a las necesidades de la comunidad, quedando en evidencia de nuevo la falta de sentido social del gobierno y, lo que es más grave, la ausencia de un plan estratégico y de programas y proyectos basados en la optimización del erario para realizar las inversiones en los campos que la gente exige para resolver los problemas que frenan el desarrollo estatal.

Con lo poco que se sabe, se ha dicho que quienes más ganan en este tipo de proyectos son los promotores, porque se encargan tanto de la planeación como de conseguir en la iniciativa privada el costeo de la obra. Habrá que estar atentos en ese sentido, pues serán muchos los millones que estarán en movimiento y que finalmente tendrá que pagarse con recursos públicos.

Como dicen en el barrio, “zapatero a tus zapatos”, cada quien tiene su función y su responsabilidad. Al gobierno le toca la administración, eficientización y custodia de los recursos públicos para garantizar un desarrollo más equilibrado; a los empresarios les corresponde cumplir socialmente con su responsabilidad, que se establece con mayor claridad en sus dos funciones más claras, promover el fortalecimiento de la economía y generar empleos permanentes y bien remunerados.

Finalmente, me pregunto, ¿dónde está el seguimiento y el trabajo de los actores políticos, especialmente de una oposición seria, constructiva y vigilante del equilibrio en la acción del gobierno y la iniciativa privada? Espero, por el bien de todos, que pronto se sienta la mano eficaz y firme del Ejecutivo, dejando de lado las ocurrencias y disparates, para dar paso a los resultados positivos que todos exigimos y merecemos y que también el Congreso, que está obligado a servir de contrapeso, reaccione adecuadamente.

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