Fuente Ovejuna | Salvador Cosío Gaona
2010-01-16 • Acentos
Ante la relevancia que las fracciones partidistas han dado a la designación de sus coordinadores y al reparto de comisiones y direcciones, pareciera que el tema fundamental de la próxima legislatura es el cacicazgo de cotos de poder y el control de la nómina, cuando lo esencial es revisar la agenda legislativa, abatir los rezagos e impulsar los procesos de reforma y creación de nuevas leyes que den orden y certidumbre a la dinámica poblacional.
La legislatura que se va deja innumerables pendientes, no obstante que su mayoría panista hubiera supuesto acuerdos de gobernabilidad tanto con el Ejecutivo estatal como con los ayuntamientos metropolitanos, incluso con las cámaras federales y el gobierno de la república, pues basta recordar que durante un buen tiempo un jalisciense ocupó la Secretaría de Gobernación.
Fue el antagonismo y las mezquinas luchas intestinas en el PAN lo que provocó no sólo su debacle, sino la falta de acuerdos y la parálisis legislativa que Jalisco padeció durante los últimos tres años. Tan sólo la agenda en materia de justicia muestra rezagos inadmisibles, entre los que destacan los temas del Instituto de Justicia Alternativa, el Consejo de la Judicatura , la Hacienda Judicial y el Presupuesto Constitucional.
Pese a que presupuestalmente es viable, el Instituto de Justicia Alternativa no ha podido concretarse a falta de sensibilidad política e incluso por capricho de la propia Comisión de Justicia. Más allá de propiciar la oralidad en diversos tipos de juicios, el Instituto de Justicia Alternativa coadyuvaría a reducir sensiblemente el número de expedientes judiciales que se ventilan en los juzgados, abatiendo cargas de trabajo e incentivando celeridad y sobretodo motivando que cada caso se analice con la pulcritud y oportunidad que ordenan los preceptos constitucionales.
Sin embargo, el tema se ha empantanado por la presunta intención del presidente de la Comisión de Justicia para encabezar dicho instituto y modificar la ley para homologar diversas atribuciones a las del titular del Poder Judicial; sin menoscabo de garantizar de ésta manera su continuidad en la nómina a cargo del erario y la posibilidad de colocar a algunos incondicionales y correligionarios partidistas a quienes no les fue muy bien en las recientes elecciones.
Pero tampoco el Ejecutivo ha estado a la altura de las necesidades de una mejor impartición de justicia, puesto que a pesar de la intención del Poder Judicial de acercar la justicia a los gobernados, no se han podido concretar los proyectos de Salas Regionales, con lo que el acceso a la segunda instancia dejaría de centralizarse. Razones de escasez de recursos es lo que pretextan para no ponerlas en operación y, sin embargo, el dinero público es obsequiado sin más a cualquier amigo del gobernador en proyectos intrascendentes.
También han fallado el Ejecutivo y el Legislativo en no permitir que la Hacienda Judicial sea administrada por el Poder Judicial, lo que incrementaría la posibilidad de ampliar la cobertura y el acceso a la justicia. Asimismo, la ausencia de un presupuesto constitucional que permita al Poder Judicial planear y organizar a mediano y largo plazo los trabajos administrativos y jurisdiccionales, propicia incertidumbre y evita la continuidad de proyectos encaminados a la mejora continua en la impartición y el acercamiento de la justicia.
Son muchas las tareas pendientes que competen al Ejecutivo y al Legislativo para dotar al Judicial de los instrumentos necesarios para eficientar su tarea fundamental, pero al tratarse de un poder público que debe estar más allá de los vaivenes políticos, ha quedado en medio de pugnas político-partidistas que le impiden crecer con independencia y autonomía, por lo que uno de los grandes retos del nuevo entendimiento que habrá de haber entre los poderes es precisamente el de reconocer y respetar al Poder Judicial como par y dejar de relegarlo a una tercera y marginada posición en un esquema donde nunca deberían existir tales distingos.
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