Fuente Ovejuna | Salvador Cosío Gaona
2008-03-01 • Acentos
Y ahora qué?, estarán preguntándose los habitantes de la vapuleada Tonalá, que en menos de dos años lleva tres alcaldes y que en los últimos doce años ha sufrido, como ninguno, el desgobierno de presidentes panistas y priistas por igual.
Discriminada tradicionalmente, Tonalá se enclava, sin saber aún si por fortuna o desventura, en la zona metropolitana de Guadalajara y se sitúa al menos en el quinto lugar en importancia económica y demográfica de los municipios de Jalisco, aunque el trato que le otorgan los poderes estatales es el de un pueblito alejado y el que recibe de sus gobernantes es el de una comunidad sin memoria, de la que se puede abusar cínica e impunemente.
Hace ya varios años, con la autollamada alternancia, llegaron los incrementos salariales desproporcionados a la burocracia sangrando el escaso recurso público que se le asignaba y, por consecuencia, sentenciando al municipio a no recibir obras de infraestructura básicas para su desarrollo. Con ellos también, por si fuera poco, llegaron a la nómina oficial los amigos, los compadres y especialmente los familiares de los gobernantes que sin el menor pudor sumaron en su momento más de 25 por ciento de la plantilla de personal.
El regreso del partido hegemónico al poder tampoco ayudó a la ciudad y sus habitantes, por el contrario, con ellos se acrecentaron la prepotencia, el abuso policiaco y la proliferación de negocios de “giros restringidos”, que le han marcado ya como un municipio violento, desordenado y anárquico.
Con el triunfo electoral del panista Jorge Vizcarra, la administración municipal se convirtió en una cofradía de delincuentes que accedieron a sus cargos por compromisos políticos, económicos y de complicidad con el presidente electo, todos con un plan orquestado con antelación para aprovechar sus posiciones e impulsar negocios ilícitos y tráfico de influencias. Su ambición desmedida les provocó enfrentamientos irreconciliables entre ellos, que derivaron en amenazas, extorsiones y finalmente en el asesinato del compadre del alcalde, en hechos en que se atribuye la autoría intelectual al secretario del ayuntamiento y al propio presidente.
La contundencia de las pruebas en su contra fue lo que orilló a los diputados del Congreso, integrantes de la fracción panista, a declararlo desaforado y con ello con el deber de enfrentar la justicia como cualquier ciudadano. Al sentirse acorralado, el alcalde panista prefirió huir, llevándose consigo a sus guardias, que por algún tiempo siguieron cobrando en el ayuntamiento. Esto quedó como colofón del cinismo y capricho con que se manejó su interrumpida administración.
Al ser prófugo de la justicia y faltar físicamente a sus obligaciones como presidente, los regidores eligieron de entre sus miembros a Salvador González del Toro como alcalde sustituto, quien se tardó más de mes y medio en enterarse de sus funciones y en intentar liberar al municipio de la larga lista de recomendados de su antecesor. Cuando finalmente propuso los reemplazos, surgieron los intereses partidistas, otra vez panistas, que para impedirlo le destituyeron nombrando como tercer presidente a Emmanuel Agustín Ordóñez Hernández, en una sesión de la que aún se cuestiona su legalidad.
La elección del tercer presidente no es un tema menor por sus implicaciones políticas y jurídicas. Habrá de recordarse que el recién nombrado fue en su momento por quien propugnó Vizcarra para que le sucediera ante la inminencia de su desafuero, lo que indica en principio una relación muy cercana, que seguramente tendría un compromiso para protegerle las espaldas por las irregularidades que seguramente conocía.
Considerado lo anterior, pudiéramos estar ante el regreso virtual de Jorge Vizcarra a la presidencia de Tonalá y todo lo que ello significa. De hecho, en entrevistas a medios de comunicación desde su escondite, ha manifestado su beneplácito con la decisión repentina de los regidores.
Se dice que no hubo convocatoria para la sesión plenaria en la que se designó nuevo alcalde, lo que haría suponer la invalidez del nombramiento y el derecho del destituido a reclamar ante los tribunales su restitución, con las consecuencias visibles de ingobernabilidad, la parálisis en la operación de los servicios municipales y, sobre todo, las desastrosas repercusiones en la ciudadanía.
Ante la gravedad de los hechos, queda evidente la lentitud negligente, una vez más, del Congreso de Jalisco, que contando con una comisión ex profeso no se ha dado a la tarea de revisar de oficio el tema de Tonalá, cuando está sobradamente justificada su intervención y la urgencia de su atención, máxime cuando han comenzado a manifestarse a fondo los presidentes de los partidos políticos en el estado.
Ante la incompetencia de los gobiernos municipales panistas y priistas, valdría la pena analizar la posibilidad de una tercera opción, de izquierda o de centro izquierda, que las hay en el estado.
salvador@salvadorcosio.org
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