Fuente Ovejuna | Salvador Cosío Gaona
2010-03-20 • Acentos
Con el arribo de Felipe Calderón a la presidencia del país y en un intento desesperado por legitimar su aún cuestionado triunfo electoral, se orquestó un fastuoso operativo en el que abiertamente el gobierno federal abrió fuego contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Con un derroche de recursos y una amplia cobertura mediática se anunciaba con anticipación en dónde serían los próximos operativos, lo que daba a los mal pensados la pauta para creer que más que anuncios, eran señales de aviso o prevención para los propios delincuentes.
Pero estos hechos pronto contrastaron con los resultados: más ejecuciones, incremento de la inseguridad y el posicionamiento de los cárteles en plazas que antes se caracterizaban por ser tranquilas y pacíficas. De repente fue común saber de “narcomantas” o narco mensajes que aparecían y desaparecían al compás de una sangrienta serie de ejecuciones.
Ante las circunstancias, el gobierno federal sólo atinaba a decir que los decesos tenían que ver con guerras intestinas entre mafias por incrementar su presencia en nuevas plazas o por conservar su dominio en otras, cuando en realidad, a la par, también morían civiles y policías.
Así, aumentaron los secuestros, los asaltos a mano armada, los robos a casa habitación, las extorsiones, y general, los delitos se incrementaron de manera considerable en detrimento de la seguridad de los ciudadanos, quienes ahora viven con miedo de salir a la calle.
Recientemente, y ante los sangrientos acontecimientos en el consulado de Ciudad Juárez, un editorial del Washington Post apuntó que se trata de una “batalla desesperada […] una guerra tan sangrienta y tan importante como las que se luchan en Irak, Afganistán o Pakistán. Aunque la estabilidad mexicana es un interés vital de Estados Unidos [EU], la inversión del gobierno federal en el problema está muy por debajo de lo que debería ser, de ambos lados de la frontera”.
En lo que va del sexenio de Calderón, se calcula, según la Comisión de Seguridad del Senado de la República , que ha habido más de 17 mil ejecutados, de los cuales más de cinco mil fueron policías, casi 100 militares y alrededor de 650 mujeres. Esto evidencia que la supuesta lucha contra el narcotráfico no la está ganando el gobierno, quien a todas luces muestra incapacidad para frenar lo que él mismo provocó.
Miente el gobierno cuando anuncia avances en el tema de seguridad pública, porque en las calles, las ejecuciones y los cuerpos mutilados siguen apareciendo como señal inequívoca de que no reconoce que ha perdido el rumbo y la credibilidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario