Con la brújula descompuesta

Fuente Ovejuna | Salvador Cosío Gaona

2008-03-29 • Acentos

Muy movida resultó la semana en nuestra entidad debido a graves hechos que tienen que ver con el ejercicio del gobierno y sus repercusiones sociales inmediatas y futuras.

Un caso muy extraño y que debe ser dimensionado en todo lo que corresponde para evitar que se repita, es el fallecimiento de una atleta de alto rendimiento al parecer por causas atribuibles al descuido e inadecuado control en el Code, a cargo de Carlos Andrade Garín, funcionario a quien se ha reconocido en muchas ocasiones por los resultados de los deportistas jaliscienses en competiciones nacionales y que hace apenas unas semanas se le encargara la coordinación de algunas actividades de cara a la celebración en nuestra entidad de los Juegos Panamericanos en el año 2011.

Quizá el ocuparse de un número mayor de actividades a las que su capacidad le permite, ha provocado descuidos graves de consecuencias fatales como el que a los atletas a su cargo se les impongan dietas rigurosas que no corresponden a sus necesidades calóricas y energéticas y sobretodo que no se tenga un programa de supervisión periódica de sus condiciones de salud.

La actitud negligente costó ya una vida inocente que, independientemente de lo valioso que resultaba para el deporte jalisciense, nos debe hacer reflexionar a todos pero especialmente a funcionarios y empleados del gobierno estatal que por un lado no han reaccionado todavía para clarificar los hechos y encontrar a los culpables y por otro, para auditar las condiciones de trabajo en la institución deportiva y la eliminación inmediata de posibles causas de muerte en lo sucesivo.

Puede ser que el gobernador no haya tenido todavía la oportunidad de atender este asunto urgente porque le hayan mantenido ocupado sus constantes giras de trabajo a la costa jalisciense, especialmente en los últimos quince días que coincidentemente son del primer periodo vacacional del año, aunque también en lo que va de su sexenio, ha venido siendo muy constante la presencia del Ejecutivo en Puerto Vallarta muchas de las veces exclusivamente en calidad de paseante, marcando un precedente que ni en tiempos de Alberto Cárdenas ni de Ramírez Acuña, se daban los gobernadores con tanto descanso y eso que los viajes al extranjero y el golf les quitaban mucho tiempo.

A todo ello se agrega la fuerte polémica que ha causado el donativo anunciado por el propio González Márquez, respecto de 90 millones que del erario público estatal se destinarán para la construcción del Santuario de los Mártires que tiene ya tiempo en marcha la Iglesia católica jalisciense.

Aunque en principio se entregaron sólo 30 millones, se ha venido cuestionando por prácticamente todos los sectores sociales y productivos, desde la legalidad de la acción, los delitos cometidos, la inequidad con otras iglesias, el origen de la partida, la aprobación del presupuesto, la costumbre de donar dinero ajeno, la escasa división entre religión y gobierno, hasta la forma en ordenar las prioridades en el gasto.

Seguramente para los habitantes de muchas colonias de la zona metropolitana y para otros tantos en los municipios del interior del estado les resultará muy difícil entender por qué es más urgente un donativo en efectivo que la introducción del drenaje, la pavimentación de su cuadra, el alumbrado o algo tan básico como contar con agua potable en su casa, sin mencionar el saneamiento de la cuencas de ríos contaminados.

Sin duda mucho tiene que ver el Congreso del Estado en el controversial tema, más allá de la legalidad y de los estilos para la aplicación del gasto, que por supuesto también están en tela de juicio, el legislativo tiene por ley la facultad de regular el gasto del gobierno, de hecho, en el mes de diciembre del año pasado, algunos se atrevieron a cumplir con su trabajo y sugirieron modificaciones al proyecto de presupuesto de egresos que había entregado el Ejecutivo especialmente en partidas de manejo discrecional, sin embargo ante los menores amagos del veto optaron por doblegarse ante el Ejecutivo en un acto poco republicano aunque quizá útil para negociar otro tipo de asuntos entre la misma fracción mayoritaria.

Finalmente le fue autorizado al gobernador el presupuesto prácticamente en los términos que lo solicitó incluyendo un fuerte endeudamiento aunque el monto a ejercer superara los 56 mil millones de pesos para 2008, una cantidad con mucho mayor a la ejercida en 2007.

En otras palabras, el gobernador aún tiene mucho dinero por ejercer y suficientes partidas de manejo discrecional y creo que a nadie le queda duda que no vacilará en utilizarlas a su libre antojo y ocurrencia sin valorar primero las verdaderas urgencias de todos los jaliscienses, es tiempo todavía para que en uso de sus facultades, el legislativo exija, como representante popular que es, no solo una explicación suficiente de los últimos donativos, que quizá no la haya, sino también un informe de las políticas futuras del gasto y los resultados de una revisión y fiscalización que sobradamente se justifican.

salvador@salvadorcosio.org