Fuente Ovejuna | Salvador Cosío Gaona
2008-04-05 • Acentos
Una vez más se confirma la percepción generalizada que tenemos los jaliscienses respecto del negligente estado de desconocimiento con que accedió al gobierno del estado el panista Emilio González Márquez.
No obstante la obligación que las leyes electorales le imponen a los partidos políticos para presentar su plataforma política previo a cada elección en un documento que contenga cuando menos el orden prioritario y la propuesta para atacar la problemática existente, los mecanismos para fomentar el desarrollo integral de los ciudadanos y proveerle en general de mejores condiciones de vida, lo que cuando menos le daría al Ejecutivo una idea general del compromiso que significa acceder al cargo, a juzgar por los resultados, de nada le ha servido si es que sabe que existe.
Un estado como el nuestro requiere no sólo de identificar los problemas y en función de la ideología del partido que arropó al gobernante actuar para encontrar con la ayuda de los mejores especialistas, la forma de trascender en beneficio de todos los jaliscienses, sin distingos de ningún tipo.
Del estilo personal de gobernar, de eso habrá de encargarse cada instituto político porque sería a ellos a quienes en todo caso les proyectaría una imagen poco provechosa electoralmente. Lo que sin duda es más importante, es el que se atienda la voz del pueblo cuando clama justicia, empleo, equidad, transparencia y honradez principalmente.
A todos nos ha quedado claro que la integración del gabinete estatal no se dio buscando los mejores perfiles, que por cierto si los hay y muy calificados, sino atendiendo a los compromisos de grupos panistas y amistades personales o por cuestiones familiares, también debimos soportar que sin el cuidado suficiente por respetar la ley, se designó a dos coordinadores de gabinete y que luego incluso se les diera presupuestalmente el trato de secretarios, claro con oficinas en Casa Jalisco de donde se rumora han salido la mayoría de las ocurrencias del gobernador.
Al no contar con el apoyo profesional y técnico necesario, Emilio González ha caído en decisiones tomadas de emergencia y sobre la marcha, que en su totalidad han provocado la reprobación por parte de los jaliscienses y en algunos casos han llegado a ser tan monumentales los yerros que nacional e internacionalmente se han mofado de nosotros.
Las acciones del Ejecutivo estatal tan desastrosas como antisociales, lo que más se recuerda del sexenio tiene que ver siempre con errores, decisiones caprichosas o abusos de poder como el cuestionado e inútil viaducto en que intentó convertir a la avenida López Mateos sin prever oportunamente la modificación de semáforos, la construcción puentes y cruces peatonales, la determinación y estudio de vías alternas o las afectaciones accesorias a vecinos y comerciantes y a pesar de las quejas y manifestaciones se obstinó en continuar con el impopular proyecto.
Reacciones similares pero de mayor proporción causó también el anuncio del miembro más encumbrado de su gabinete económico de la intención del gobierno del estado para cambiar las placas a todos los vehículos registrados en Jalisco, lo que significaría un fuerte desembolso para los propietarios y cuyos ingresos pretendían destinar a proyectos estratégicos que nunca explicaron. Tan impopular resultó la ocurrencia que hasta los propios diputados de su partido se opusieron a la medida aunque como ha sucedido en cada ocasión, al poco tiempo prefirieron doblar las manos y a cambio de no autorizar el canje en la ley de ingresos, le ofrecieron aprobar el adeudamiento por una cantidad mucho mayor.
Ni hablar de las enormes cantidades de dinero público que ha decidido a capricho personal, destinar a la grabación de novelas, eventos televisivos y recientemente a edificios religiosos que poco o nada han dejado a la ciudadanía, especialmente si se compara con las necesidades urgentísimas que se hubiesen podido atender con esas mismas cantidades.
Además de todo lo anterior, el Congreso del Estado ha decidido aprobar al vapor y en un madruguete legislativo, una ley que faculta al gobernador para invertir conjuntamente con al iniciativa privada en diversas obras de carácter público, sin que haya las modificaciones a la Constitución y sin precisar los verdaderos propósitos y urgencias de sus promotores.
Lo anterior, seguirá incrementando la ya de por si abultada bolsa de que dispone el Ejecutivo, que podría superar al final del año los 60 mil millones de pesos que, de no ponerle frenos legales, repartirá a diestra y siniestra a su libre antojo cuando lo ideal sería que fueran destinado directamente a los presupuestos de municipios y entidades gubernamentales para que se utilizaran en obras de auténtico beneficio social.
Ya vimos al Emilio caracterizado de policía, peregrino, deportista, albañil y una larga lista de personajes con los que busca acercarse al ciudadano común, y en los hechos demuestra sus auténticas ambiciones, el beneficio electoral; y ahora con dinero público a su disposición lo más seguro es que Jalisco seguirá ofendido y decepcionado.
salvador@salvadorcosio.org
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