Amigable componedor

Fuente Ovejuna | Salvador Cosío Gaona

2007-08-04 • Acentos

No obstante la existencia de antiguas diferencias limítrofes, hasta antes de 1995 la relación de Jalisco con Colima era pacífica, productiva y civilizada, sustentada en acuerdos comerciales, de servicios, de tránsito y de seguridad que facilitaban un clima de concordia y que, sobre todo, permitían a los habitantes de ambas entidades las condiciones propicias para el desarrollo.

A su sorpresiva llegada al gobierno del estado, especialmente para él que no estaba en lo más mínimo preparado al efecto, Alberto Cárdenas comenzó a dar tumbos y giros inesperados en las acciones de gobierno, intentando adivinar la mejor estrategia para dar solución a los problemas del estado.

Sin preparación cultural, académica ni política, el Góber, como hacía llamarse, era presa fácil de los políticos arribistas panistas que comenzaron a rodearle, desorientándole aún más respecto a su desempeño como responsable de la entidad. Sus propios compañeros de partido, los más prudentes y preparados, en un esfuerzo por ayudarle a aligerar el impacto social de sus incontables y repetidos yerros, optaron por llamarle elegantemente “novatadas” a la larga lista de estupideces que cometía.

Un aspecto de los muchos que se complicaron para Jalisco por su impericia y falta de capacidad fue precisamente el de los conflictos de límites territoriales con los estados circunvecinos, especialmente el sostenido con Colima, en el que la actuación de Cárdenas enredó al extremo al tratar de descontar al estilo bravucón de barrio con una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Quizá algunos ya habrán olvidado que ni para eso tenía gracia y que para no variar la contratación del despacho de abogados que se encargarían del asunto resultó en atropellos a la Ley de Adquisiciones y abusos en el cobro a precios exorbitantes y una vez consumado el atraco, la demanda presentada a nombre de Jalisco, en 1997, carecía de las formalidades más elementales, y su integración limitada y errónea aseguraba de antemano y sin despeinarse el triunfo legal de Colima.

En razón de lo anterior y tras un penosísimo momento para nuestra entidad, que tiene el reconocimiento nacional por las aportaciones de los juristas jaliscienses a la estructura legal que nos rige en el país, Jalisco tuvo que recular y solicitar el retiro de la demanda en los términos originalmente propuestos, a fin de corregir el documento, fundarlo y motivarlo adecuadamente, lo que se llevó casi un año. Aunque el daño político ya estaba hecho, se había roto unilateralmente el diálogo con el gobierno vecino.

Finalmente, en 1998 se presentó la demanda reclamando la restitución de los territorios ocupados por los colimenses, con la mala fortuna de que al decretarse las reformas a la Legislación federal, la Suprema Corte debió turnar al Senado el expediente para su resolución, y es hora que aún no se pronuncia sentencia definitiva.

Hace apenas unos meses, las diferencias entre municipios por la construcción de un puente vehicular atizaron el conflicto que con la intervención prepotente y altanera del Ejecutivo estatal y sus representantes, provocaron la presencia del Ejército en la zona, para evitar el enfrentamiento armado entre policías de ambas entidades apostados para intimidarse mutuamente, despreciando el dialogo, la negociación y los acuerdos, como herramientas indispensables para la solución civilizada de conflictos en el trabajo político.

La derrota mediática que ha sufrido Jalisco, después de que ha sido exhibido por enviar elementos de seguridad para amedrentar a los habitantes de las localidades colimenses, es fácilmente atribuible al estilo callejero que ha tratado de imponer la actual Administración que, a casi un año de distancia, aún no encuentra la forma de comunicarse adecuadamente entre sus miembros, de tal manera que hacerlo con otra entidad les resulta poco menos que imposible.

Hay un elemento común que ha estado presente en los momentos más álgidos del conflicto, tanto a finales de los noventa como en este año, que es cuando más mal han estado las cosas con Colima, en ambos tiempos Jalisco ha sido representado por Fernando Guzmán Pérez Peláez, como secretario de Gobierno, a quien al parecer no se le da el diálogo por ningún lado, porque a él se le atribuyen también las constantes exhibidas del gobernador Emilio González, quien muy frecuentemente se reconoce desinformado, ignorante de lo que sucede en la entidad.

Un ligero respiro parecen darse las partes al aceptar la intermediación del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, para evitar que la violencia haga su aparición antes de que el Senado de la República emita su fallo.

Aunque se ve muy remota la posibilidad de un arreglo pacífico y extrajudicial, las cosas pudieran cambiar de curso con la participación directa y personal de ambos gobernadores, cuando menos el de Jalisco hace unos días dio la sorpresa de arreglar con rapidez temas hidráulicos con los gobernadores de Guanajuato y San Luís Potosí, aunque habrá de señalarse que todos, dicen, son yunquistas y panistas y, sobre todo, que no intervino Fernando Guzmán.

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