Fuente Ovejuna | Salvador Cosío Gaona
2010-08-21 • Acentos
Muchos años y el esfuerzo de miles de mexicanos ejemplares le ha costado a éste país mantener una sana distancia entre los asuntos de Dios y los de los hombres. El Estado mexicano laico, consagrado así en nuestra carta magna es una república democrática, representativa y federal cuyo gobierno se deposita en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
El Poder Judicial recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es el máximo órgano jurisdiccional del país. En este contexto y en abono del fortalecimiento de nuestra institucionalidad, las decisiones de la SCJN son inapelables por polémicas que puedan llegar a ser y el acatamiento a sus disposiciones legales debe ser irrestricto. No sorprende que un personaje como el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez atente contra la laicidad del estado, difame y desprestigie el trabajo de los Ministros de la corte y señale arbitrariamente con índice de fuego al Jefe de Gobierno del Distrito Federal como auspiciador de las dádivas y prebendas que según su dicho reciben los impartidores de justicia.
Juan Sandoval tiene que ser citado de inmediato a comparecer ante la PRG , presentar las pruebas que acrediten su dicho y la autoridad debe investigar la acusación que el purpurado profirió sobre Marcelo Ebrard y los Ministros de la SCJN para en caso de que hubiera elementos de prueba, se investigue e integre una averiguación criminal y se solicite al Congreso de la Unión el juicio de procedencia y la consignación ante un juez penal federal.
Si no hay pruebas o no comparece el Cardenal, éste debe ser incriminado por sus delitos contra las instituciones nacionales, como cualquier otro mexicano, puesto que lo que debe preservarse en este país, es el imperio de la ley.
El polémico Cardenal de la Arquidiócesis de Guadalajara interpreta muy a su modo los conceptos legales, argumentando una personalísima moral, que ni siquiera refleja el sentir de sus feligreses, cuando por el contrario debería, por su encargo, preservar la concordia y no incitarlos hacia posturas radicales que nada tienen que ver con la legalidad ni con la preservación del estado de derecho al que todos debemos ceñirnos. Pero también se equivoca y hace creer que son los Ministros los que propiciaron el debate sobre si parejas casadas del mismo sexo pueden o no adoptar infantes, cuando los juzgadores lo único que resuelven es la constitucionalidad sobre una ley creada y aprobada en el Distrito Federal, su alcance y el reconocimiento a un derecho adquirido por una legislación local y sus efectos en el territorio nacional.
La investidura religiosa de Juan Sandoval le prohíbe constitucionalmente inmiscuirse en temas del Estado, lo mejor que debiera hacer es dar al César lo que es del César.
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